El gobierno nacional estudia por estas horas cómo seguir después del viernes 11 de junio, cuando se venza el decreto actual que tuvo como objetivo lograr una reducción de casos con la aplicación de un confinamiento estricto, similar a la Fase 1 que se llevó a cabo en abril del año pasado.
El presidente Alberto Fernández espera, en primer término, que la Cámara de Diputados pueda sancionar la denominada “ley pandemia” que regularía las restricciones sanitarias en todo el país y dejaría efectivo una serie de parámetros epidemiológicos para que cada provincia sepa que medidas debe tomar de acuerdo a la cantidad de casos que tiene.
El oficialismo viene negociando desde hace más de dos semanas para conseguir los votos que aprueben la ley, pero aún no ha logrado concretar ese paso. El punto más complejo tiene que ver con que, según el proyecto, los distritos que ingresen en la categoría “Alarma Epidemiológica” deberían aplicar medidas duras y, en caso de no hacerlo, el Poder Ejecutivo podrá intervenir para tomar decisiones.
Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el oficialismo busca voto por voto en el resto de la Cámara para tratar de lograr aprobar la ley. Fernández quiere dejar de establecer las restricciones a través de DNU, tal como lo hizo desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad. Pero para hacerlo necesita que el Congreso le de la ley."
El Frente de Todos jugará su última carta este jueves. La iniciativa sanitaria no está en el temario que se tratará esta tarde en el recinto, donde, por el momento, los temas centrales son el Consenso Fiscal y el proyecto de Zonas Frías que impulsa Máximo Kirchner.
Si logra asegurarse los votos que le hacen falta, el oficialismo intentará tratar sobre tablas el proyecto. Si no lo pusieron en el temario estipulado para este jueves es porque los votos, hasta ayer a la noche, no estaban. Las negociaciones se mantienen activas y recién este mediodía se sabrá si la ley puede tratarse y salir o no.
El primer paso que tiene que dar el Frente de Todos es lograr emitir el dictamen por mayoría en la Comisión de Salud que esta integrada por 17 diputados del Frente de Todos, 16 de Juntos por el Cambio, la tucumana Beatriz Ávila, que se alejó del bloque opositor y el peronista bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, que lidera el interbloque donde conviven los legisladores de Roberto Lavagna y Juan Schiaretti.
Ávila tiene decidido no apoyar el proyecto, por lo que habría un empate que tendría que definir Bucca. El ex intendente en el Bolívar está de acuerdo con sancionar una ley como la que impulsa el Frente de Todos pero no le convence la falta de consenso político para sacarla. Es una ley que sería sancionada por una mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los votos.
Bucca podría acompañar el dictamen oficialista si le aseguran que la ley saldrá en el recinto. Sino debería pagar un alto costo político por respaldar un fracaso del oficialismo en el Congreso. Además, la mayoría del interbloque que conduce ya tiene decidido no apoyar el proyecto.
Si la ley avanza, terminaría siendo aprobada en la mañana del viernes, reglamentada por la tarde y publicada en el Boletín Oficial en los primeros minutos del sábado. La hoja de ruta de urgencia ya está estipulada, pero para poder llevarla a cabo hacen falta los votos.
En cambio, si la ley no avanza, en la Casa Rosada preparan la redacción de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extienda las restricciones por dos o tres semanas más. Aún no está definido. Ese decreto le daría un margen mayor a las autoridades legislativas del Frente de Todos para intentar avanzar en un acuerdo con los sectores de la oposición.
Con Sergio Massa de viaje en Estados Unidos la próxima semana, la posibilidad de sancionar la ley se postergaría hasta fines de junio. Una opción posible es extender por tres semanas el DNU y tratar de utilizar ese tiempo para cerrar la ley y empezar julio con las restricciones estipuladas en el proyecto con un aval parlamentario.
En Balcarce 50 tienen definido que si la ley no sale, el decreto que entrará en vigencia después del viernes será similar al 287, que se emitió el 1 de mayo y que tuvo como novedad la instalación de un semáforo epidemiológico para categorizar las ciudades según la cantidad de casos de COVID-19.
Quedarán en el camino los 9 días de confinamiento duro y los fines de semana con un esquema similar. También el proyecto de intermitencia que estaba en consideración para mantener, de lunes a viernes, un esquema similar al vigente y durante el sábado y domingo un cierre más duro. En consecuencia, habría menos restricciones en las próximas semanas.
“La meseta sigue siendo alta pero los contagios descendieron. Por eso hay margen para flexibilizar algunas medidas”, sostuvo un funcionario con acceso al despacho presidencial. Argentina está registrando un promedio de 10.000 contagios menos desde el pico de 40.000 que tocó a fines de mayo. Sin embargo, la cantidad de fallecidos creció hasta llegar al registro de 745 en 24 horas.
De todas formas en la Casa Rosada dejan un margen para, en el caso de emitir el DNU, considerar el agregado de una medida puntual que sea más dura. Incluso analizan la posibilidad de aplicar un cierre estricto durante el fin de semana del 20 de junio, cuando se celebrará el Día del Padre. Opciones que están sobre la mesa.
A principios de mayo, cuando se estableció el DNU que el Gobierno toma de modelo, el decreto estipulaba las medidas de acuerdo a tres factores: la razón (aumento de casos en los últimos 14 días y los acumulados en los 14 días previos); la incidencia (la cantidad de casos promedio sobre el total de la población) y la ocupación de camas de terapia intensiva.
En base a esos factores se establecieron cuatro categorías. Zonas de bajo riesgo epidemiológico, de riesgo medio, de alto riesgo y de alarma. En los primeros tres se incluían las localidades de más de 40.000 habitantes y en el último, donde están las ciudades más complicadas en términos sanitarios, los grandes aglomerados urbanos y los lugares donde vivan más de 300.000 personas.
Dentro de la categoría “Alarma Epidemiológica” se encuentran al día de hoy los 40 municipios del conurbano bonaerense, seis ciudades de Mendoza, dos de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el decreto que el Gobierno utilizará de modelo para el próximo DNU, “los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300 mil habitantes, serán considerados en situación de alarma epidemiológica cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea igual o superior a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 80%”.
Las localidades que estaban en la categoría de bajo riesgo epidemiológico tenían una vida protocolizada; las de riesgo medio tuvieron medidas regulas por los gobernadores según cada ciudad; mientras que en las de riesgo alto se suspendieron actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales de más de 10 personas al aire libre y deportes en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.
Además, se estableció el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 y un aforo de 30% para eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, cines, teatros, clubes, centros culturales, locales gastronómicos y gimnasios.
En las localidades de “Alarma Epidemiológica” se suspendieron las actividades sociales, deportivas, recreativas, culturales y religiosas en lugares cerrados y los deportes grupales en espacios abiertos. También se establecieron el cierre de comercios y locales gastronómico entre las 19 y las 6. En el último caso se permitía la modalidad delivery y take away después de las 19.
En esa categoría se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles y se restringió la circulación en las 20 y las 6, mientras que el transporte público quedó solo para esenciales. La suspensión de las clases generó un foco de conflicto con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que decidió continuar con la presencialidad.
