Sin tiempo para tratar en 2021 algunos de los temas centrales en la agenda del oficialismo, especialmente económicos y judiciales, el Gobierno evalúa llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para aprobar, entre enero y febrero, el proyecto plurianual por la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún no ingresó por Mesa de Entradas.
La reforma del Consejo de la Magistratura, y una serie de iniciativas económico productivas urgentes en el preocupante contexto de falta de divisas. También impulsará el tratamiento de varias medidas ambientales y sociales vinculadas a la salud que estaban frenadas.
Apremiado por la inminencia del recambio legislativos después de las elecciones, el Ejecutivo publicó hace un mes un decreto de prórroga de las sesiones ordinarias para darle tratamiento en diciembre al Presupuesto para 2022 y el proyecto de “plan plurianual” que anunció Alberto Fernández el día de las elecciones generales, que contendrá los entendimientos que viene negociando el Ministerio de Economía con el Fondo por el refinanciamiento de la deuda.
Pero como vienen los tiempos legislativos, el único proyecto de relevancia que podría obtener sanción completa antes del 30 de diciembre es la ley de leyes, que empezaba a debatirse en comisión desde el miércoles, tras la visita al Congreso del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Ya sin tiempo legislativo disponible y con la necesidad de contener la economía y dar señales políticas al interior del espacio en temas judiciales, el Gobierno planea llamar a Extraordinarias, informaron fuentes oficiales. El decreto que oficializará la convocatoria se publicaría entre el 22 y el 30 de este mes.
Ya está vigente la nueva composición del Congreso tras la jura del 10 de diciembre de los senadores y diputados electos en los comicios de noviembre, donde el oficialismo mantuvo la primera minoría en la Cámara baja, pero perdió el quórum propia en el Senado, donde tendrá que hacer esfuerzos extra para acordar con aliados y dialogar con la oposición para sesionar.
La prioridad principal del Frente de Todos es el tratamiento de la “hoja de ruta” económica y el acuerdo con el FMI que el Presidente anunció que enviaría al Congreso en los primeros días de diciembre. Aunque con las negociaciones con el staff del Fondo aún en proceso, no hay señales aún sobre la presentación en el Parlamento del plan de garantías. En el oficialismo adelantaron que apuntan a tratarlo entre fines de enero y los primeros días de febrero.
Además, el Gobierno tiene en agenda una lista de 10 proyectos económicos, judiciales y sociales que buscará aprobar sin falta en los primeros meses del año que viene. En lo alto de las prioridades se encuentran varios proyectos de índole económica que ya ingresaron al Parlamento pero tuvieron escasos avances en los últimos meses: los de Construcción, de Autopartes, de Hidrocarburos y de Agroindustria.
En un escenario de preocupante falta de divisas, en plena negociación con el Fondo, el Gobierno apuesta a impulsar esas iniciativas para favorecer la llegada inversiones y garantizar el ingreso de dólares para robustecer al Banco Central mientras negocia con el organismo.
En el plano judicial, el oficialismo apunta a aprobar lo antes posible la reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que investiga y selecciona a los jueces nacionales y federales. El Presidente anunció la semana semana el giro al Congreso del proyecto que busca llevar a 17 el número de miembros -hoy son 13-, con mayor presencia de abogados, magistrados y representantes del sector académico.
Como publicó Infobae, el oficialismo busca tomar la iniciativa política sobre la integración del Consejo antes de un eventual fallo de la Corte -que estaba previsto para el 16 de diciembre- declarando la inconstitucionalidad de la actual integración por no respetar el equilibrio entre los representantes del sector político con los jurídicos. En Balcarce 50 creen que la propuesta de reforma permitiría frenar la decisión de parte del Máximo Tribunal.
En el frente judicial, además, no se descarta el envío del pliego para designar al juez Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación. Su designación en reemplazo del titular interino, Eduardo Casal, está congelada hace dos años por el rechazo del kirchnerismo, y podría avanzar después de las elecciones legislativas donde el oficialismo perdió peso en el Senado, para evitar un mal mayor.
En octubre, el ministro de Justicia, Martín Soria, recibió en su despacho a Rafecas y el encuentro fue leído como una señal de aval a su figura por parte del Instituto Patria, hasta ahora reticente a su nombramiento. Por lo pronto, Rafecas tendría el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio, que se comprometió a dar acuerdo.
En la agenda oficial de las extraordinarias también se encuentran dos proyectos ambientales (los de Electromovilidad y de Envases); y de salud (el de respuesta integral al VIH, el de exención del IVA en los medicamentos, y el de jerarquización de la carrera de Enfermería). También, la prórroga de derechos aborígenes, central para evitar la escalada del conflicto que volvió a estallar en octubre con grupos originarios en el Sur.
El llamado a Extraordinarias es casi un hecho, y sólo resta que la secretaría de Legal y Técnica empiece a preparar el decreto para oficializarlas.
