El gobierno nacional intenta, desde hace varios días, desactivar la marcha que la CGT, la CTA y los movimientos sociales afines a Alberto Fernández realizarán este miércoles en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los intentos fueron en vano. La marcha sigue en pie y se concretará mañana al mediodía.
Los organizadores advierten que el reclamo no es en contra del Gobierno, sino que es contra “los empresarios que remarcan precios”. El sector más duro de la central obrera, liderado por el camionero Pablo Moyano, es el que deja a la luz que la marcha también es por el impacto de la inflación galopante que está sufriendo la Argentina.
¿Si el reclamo no es contra el Gobierno, por qué intentan frenar la marcha? En el oficialismo tienen en claro que la imagen de la protesta en las calles lo único que genera es mucho ruido en un tiempo donde el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pidió que haya paz por 100 días. Es decir, menos ruido y menos caos. Es la imagen del descontento.
En la Casa Rosada saben que en el fondo el reclamo sindical es un mensaje directo al corazón del Gobierno. La inflación de julio fue de 7,4% y la suba de precios en los primeros siete meses del 2022 alcanzó el 46,2%, mientras que en los últimos doce meses la cifra acumulada trepó a 71%. Todas malas noticias.
Los números hablan por si solos. Los sindicatos y los movimientos sociales no pueden quedarse callados ante la perdida vertiginosa del poder adquisitivo. Las bases exigen reacción y la conducción política de ambos sectores hacen equilibrio en el medio de la crisis. El margen de acción es cada vez más estrecho.
Días atrás giró por el mundo sindical la posibilidad de dar de baja la marcha y que esa acción sea un gesto hacia Sergio Massa, que lleva menos de dos semanas al frente del Ministerio de Economía. Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes. El gesto nunca se concretó.
Massa mantuvo una reunión la semana pasada con Carlos Acuña y Héctor Daer, dos de los tres secretarios generales que tiene la CGT. Ambos le dejaron en claro que no aceptarán un aumento fijo para compensar el desajuste de las paritarias con la inflación. Quieren paritarias abiertas. Fue la última señal concreta de que no bajarían la movilización.
Además, muchas paritarias empiezan a quedar desajustadas con los datos actuales de inflación o con los que ya saben que vendrán en los próximos dos meses. En ese contexto, el silencio sindical no es una opción. Por más oficialistas que sean.
La tensión que existe la expuso con crudeza Pablo Moyano. El más duro del triunvirato que conduce la CGT se refirió este lunes a las declaraciones del nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, que durante el fin de semana dijo que en el aumento de los precios de los alimentos hay “una cuestión de percepción”.
“No lo escuché, pero si dijo que la inflación es una percepción, es un inútil. Salí a la calle, hermano, y fíjate cómo están los salarios de los laburantes. Uno que está permanentemente en las calles, asambleas y empresas ve las necesidades de la gente”, sentenció.
Moyano, de estrecho vínculo con el kirchnerismo, viene criticando las acciones del Gobierno para frenar la escalada inflacionaria. En su última aparición pública dijo, respecto a los aumentos de precios, que en gran medida se generan por “la especulación de los empresarios”, pero advirtió que “el Gobierno no tiene la dureza para pedirles que se dejen de joder y enfrentarlos”.
La marcha del 17 de agosto será contra “los remarcadores de precios y especuladores”. Pero el líder camionero también dejó en claro que el reclamo tiene un mensaje implícito para el gobierno nacional: “La marcha del 17 no es ni a favor ni en contra del gobierno, es un llamado de atención para que el gobierno se ponga las pilas y controle a estos empresarios”.
Ayer hubo una reunión de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en la que se terminó de definir el acompañamiento a la marcha. Estarán todos los sectores, entre ellos el Movimiento Evita, muy cercano al Presidente, Barrios de Pie y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois. Los movimientos sociales más importantes del país estarán presentes.
Grabois es uno de los dirigentes sociales más duros con el Gobierno en el último tiempo, tanto que su fuerza está cerca de romper el cerco del oficialismo, en desacuerdo con el avance de la política económica. Ya avisaron que si no hay medidas para los más relegados, evalúan la posibilidad de irse del Frente de Todos. A principio de septiembre definirán el rumbo a seguir.
“Las y los trabajadores de la economía popular, nos sumamos al repudio de las operaciones especulativas en busca de mayor devaluación y de las remarcaciones insensibles promovidas por las empresas formadoras de precios”, expresó la UTEP en un comunicado emitido ayer por la tarde.
“Lo que nos falta no es trabajo. Lo que nos faltan son derechos laborales, medios para mejorar nuestro trabajo, nuestra producción, nuestra vida y la de millones de argentinos que como nosotros y nosotras no tienen lugar en las cadenas de valor del capitalismo global. Por eso, seguiremos promoviendo la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo. Sin Poder Popular No hay Justicia Social”, indicaron.
La marcha comenzará al mediodía y será en el centro porteño. El punto de encuentro será el Obelisco. No habrá oradores ni escenario. Será solo una movilización callejera y un comunicado. Hasta ahora no hay confirmación oficial de que La Cámpora participe de la movilización. Si lo hará la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, un dirigente sindical muy cercano a Cristina Kirchner.
En paralelo la Izquierda, con el Polo Obrero a la cabeza, también marchará este miércoles. Pero habrá dos diferencias sustanciales con la movilización de la CGT y las organizaciones sociales. La primera es que lo hará con un mensaje claro en contra del gobierno nacional y su política económica. La segunda es que el punto de concentración será la Plaza de Mayo. Quieren manifestar su descontento frente a la Casa Rosada.
