La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada de manera ultra veloz con un tratamiento de tres días en las dos Cámaras del Congreso, aún no entró en vigencia. Contra lo que se esperaba, la reglamentación aún no fue publicada en el Boletín Oficial. De este modo, las nueve emergencias, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el incremento de las retenciones y el impuesto de 30% a la compra y los gastos en dólares en el exterior aún no tienen validez. Recién cuando el paquete se publique en el Boletín Oficial comenzará a regir la norma que implicará que todos los que viajen o hagan compras afuera operarán -con la cotización actual- con un dólar de alrededor de $ 82.
El texto enumera las operaciones alcanzadas por el llamado dólar turista, es decir las que quedarán -durante los próximos cinco años- con un recargo del 30% respecto de la cotización oficial. Y deja abiertos algunos interrogantes. Para evitar cuestionamientos judiciales, en un agregado antes de la aprobación en Diputados, el oficialismo aclaró que estarán exceptuadas las compras previas a la sanción de la ley. El gravamen se aplicará a las compras de billetes y divisas en moneda extranjera e incluirá el llamado dólar ahorro, con un límite de 200 dólares mensuales fijado durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri.
También la compra de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, lo que generó cuestionamientos de las agencias locales. El costo extra a su vez abarcará los alquileres temporarios en la Argentina contratados por plataformas globales. Y los pasajes terrestres, aéreos y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país. Quedaron exceptuados los viajes “cortos” entre ciudades limítrofes, como entre Posadas y Encarnación, si se pagan en pesos. Las compras on line y los abonos de streaming como Netflix o Spotify también serán alcanzados por el impuesto.
El Gobierno envió el megaproyecto al Congreso el martes y al día siguiente arrancó un tratamiento exprés en el que el oficialismo consiguió darle ya el viernes de madrugada media sanción en Diputados y ese mismo día iniciar la sesión en el Senado para convertirlo en ley. En la Cámara alta necesitó el aval de los dos tercios de los presentes para que pudiera debatirse, lo que generó una fuerte discusión entre los legisladores opositores. También en Diputados habían quedado expuestas las internas entre los referentes de Juntos por el Cambio, por la postura más conciliadora de los gobernadores radicales y la más crítica de la Coalición Cívica y sectores del PRO y la UCR.
Durante el debate en los recintos, uno de los temas más controvertidos fue la suspensión de la movilidad jubilatoria, con modificaciones sobre la marcha durante la sesión en Diputados. El Gobierno decidió dejar sin efecto el congelamiento para los jueces, docentes e investigadores científicos, entre otros regímenes especiales. Luego Alberto Fernández anunció la decisión de extender las sesiones extraordinarias e impulsar un proyecto para discutir las jubilaciones de privilegio. También provocó un fuerte rechazo la incorporación del artículo 34, para eximir de impuestos a la renta financiera, con un texto que según legisladores opositores no estaba en el dictamen que salió del plenario ni fue agregado con la lectura en el recinto durante el debate en particular en Diputados, por lo que podrían abrirse impugnaciones en la Justicia.
La ley también otorga amplias facultades al Ejecutivo con la declaración de las emergencias, aun cuando la Casa Rosada decidió retirar un polémico artículo del texto original, que posibilitaba al Gobierno a reformar organismos del Estado. En cuanto a las retenciones, el oficialismo dispuso un incremento del tope al 33% para los derechos de exportación a la soja, al 15% para el maíz y al 5% para las economías regionales. Luego de una negociación con dirigentes rurales, incluyó la creación de un Fondo Solidario para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas, y de un “mecanismo de segmentación” que deberá ser informado por el Ejecutivo ante una comisión de legisladores, el Consejo Federal Agropecuario y las organizaciones del sector.
