Él Gobierno estableció los precios del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, destinado a su mezcla obligatoria con nafta, por lo que esta suba podría impactar con incrementos en los surtidores. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 373/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Ya está publicada la edición del 23/05/2022 del Boletín Oficial de la República Argentina.
— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) May 23, 2022
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Con la firma de Darío Martínez, a cargo de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, se fijó el valor de este producto, tan solo unas semanas después de que se anunciara el aumento escalonado del que está hecho a base de maíz, que también se utiliza para los combustibles comerciales.
Según el documento publicado este lunes, para las operaciones que se realicen desde el 9 de mayo pasado en adelante, este biocombustible se comercializará a $80,561 por litro, lo cual “tendrá vigencia hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace”.
Asimismo, estableció que el plazo de pago del mismo, destinado a su mezcla obligatoria con las naftas, ”no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente”.
A diferencia del biodiesel, elaborado a partir de la soja y que se usa en camiones, tractores y maquinaria agrícola, el bioetanol, ya sea el que se produce a partir de caña de azúcar como el que se hace a base de maíz, se mezcla con naftas y tiene a los autos como destino final.
Es por eso que el aumento de este lunes podría generar un impacto en los precios al consumidor en las estaciones de servicio, que buscarán trasladar a los usuarios el incremento que el Estado otorgó a los productores de biocombustibles, en un mercado muy regulado.
En los considerandos de la Resolución, el Gobierno señaló que, “de acuerdo a la información suministrada por YPF Sociedad Anónima respecto de la variación de los precios implementada con fecha 9 de mayo de 2022 para las naftas grado dos y tres comercializadas a través de las estaciones de servicio de su propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resultaba necesario “determinar los precios de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria con las naftas, que regirán hasta que un nuevo precio los reemplace”.
Asimismo, las autoridades nacionales recordaron que el 17 de abril último, se fijaron los importes de aquel que está hecho a base de maíz, el cual tendrá una serie de aumentos escalonados para compensar los “desfasajes sustanciales” entre el valor en el cual se comercializaba y sus costos de elaboración.
Por esa razón, en ese momento se estableció que el precio de este insumo sería de $ 94,93 por litro para las operaciones a llevarse a cabo en abril; de $96,35 para las transacciones que se realicen en mayo; de $98,28 para las que se hagan en junio; de $100,74 para las de julio, y de $103,76 para las de agosto.
A principios de 2021, las autoridades nacionales decidieron aumentar tanto el precio del bioetanol como el del biodiesel de manera escalonada. La Secretaría de Energía había autorizado un incremento inicial de 59% en el precio de la tonelada del segundo de estos productos.
Hace poco más de un mes, el Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba de este último combustible, que actualmente se comercializa a $182.143 por tonelada y continuará teniendo subas hasta llegar en agosto a los $198.143, pero no habían actualizado los importes de ninguno de los dos tipos de bioetanol.
Los incrementos establecidos el año pasado habían sido fijados luego de la entrada en vigencia de la nueva ley de biocombustibles, sancionada en julio para reemplazar al marco de producción que funcionaba desde hacía más de quince años y que estableció en 5% el corte en la mezcla entre biodiesel y gasoil. En tanto, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar o de maíz, los volúmenes deben ser del 6 por ciento.
Además, este denominado Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible dispuso exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura.
